Autor: Gabriel M. Mazzinghi. Año 1996
El breve fallo que comentamos, toca una cuestión interesante y, a la vez extremadamente sencilla: Se trata de determinar si es justo que la constitución de una nueva familia, por parte de una persona que luego de divorciarse ha contraído un matrimonio legal, representa de por sí una circunstancia que justifica una disminución del aporte alimentario debido a su «anterior» familia, por el cónyuge.
Conforme se dice en el fallo anotado, la fijación de la cuota alimentaria a favor del hijo del primer matrimonio, no puede verse afectada por la «nueva situación familiar» del alimentante, «…por cuanto la formación de un nuevo grupo conviviente y el nacimiento de nuevos hijos no puede alegarse en desmedro del cumplimiento de los deberes legalmente establecidos, en relación a la descendencia anteriormente habida voluntariamente…»
La jurisprudencia se había ocupado del tema con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 23.515, y en general, había mirado con disfavor la pretensión del alimentante de reducir su aporte alimentario respecto de su familia legítima, sobre la base de la existencia de hijos extramatrimoniales.
Borradas las diferencias entre los hijos habidos de un matrimonio, y los engendrados fuera de él, y abierta la posibilidad de tener hijos matrimoniales de dos o tres o más matrimonios legalmente válidos, la cuestión adquiere una nueva fisonomía.
¿Puede seguirse diciendo, con coherencia, que el nacimiento de nuevos hijos, y la constitución de una nueva familia -o de varias familias sucesivamente nuevas- no han de modificar en nada la situación alimentaria de los hijos del primer matrimonio, o de los matrimonios anteriores?
¿Existen, en suma, ordenes de prioridades entre los hijos legítimos de un matrimonio, respecto de los habidos de matrimonios contraídos posteriormente?
Creemos que la respuesta afirmativa a tales interrogantes, es insostenible, y en tal sentido, el principio volcado en la breve sentencia interlocutoria que comentamos, nos resulta objetable.
Pensamos que los Tribunales, para ajustarse a lo establecido por nuestras leyes civiles, y aún constitucionales (que prohíben cualquier forma de discriminación injusta entre las personas), deben abandonar la doctrina que el fallo comentado asienta, y admitir, por ende, la doctrina contraria; esto es: que la formación de una nueva familia, y el nacimiento de nuevos hijos, deben ser tenidas en cuenta como circunstancias que necesariamente han de incidir a la hora de fijar una cuota alimentaria, o de disminuir una anteriormente establecida.
Y es lógico que así sea. Veámoslo en un ejemplo: Un padre que se divorcia, establece como cuota alimentaria un 30% de sus ingresos a favor de su esposa, y un 20% a favor de cada uno de sus dos hijos, reservándose para sí el 30% restante.
Luego contrae nuevo matrimonio, del que tiene otros dos hijos. ¿Es lógico que los hijos de su anterior unión reciban entre los dos, un 40% del ingreso paterno, y el padre, su nueva esposa y los dos nuevos hijos de este matrimonio, deban sobrevivir apenas con el 30% restante?
Parece claro que no, y que la nueva situación familiar deberá ser tenida en cuenta para disminuir la cuota alimentaria de la primera esposa y de los «primeros» hijos.
Como consecuencia de lo dicho, que tiende a ser admitido por la jurisprudencia en forma cada vez más frecuente, habrá de seguirse un claro perjuicio para la «primer mujer», (que bien podría haber conservado el derecho a los alimentos) y para los hijos del «primer matrimonio».
Consecuencias prácticas del divorcio
Este perjuicio económico claro, muchas veces grave, no es sino una consecuencia forzosa del nuevo régimen impuesto por las leyes que han sido dictadas en el último decenio, y que han modificado sustancialmente la concepción del matrimonio y de la familia.
El perjuicio apuntado, suele verse agravado además, por el propio alimentante, por la sencilla razón de que éste, de ordinario, considera como «su» familia, a la familia que actualmente tiene, a la que se encuentra «vigente», por decirlo de algún modo.
Es decir que la ley no discrimina, pero el alimentante sí lo hace, y en casi todos los casos lo hace en favor de los hijos con los que actualmente convive (los del matrimonio anterior suelen quedar con la madre) y obviamente, de la mujer con la que se encuentra casado.
Se genera así, -y lo vemos a diario- una suerte de injusticia notable en desmedro de muchos miles de «mal -alimentados» (en el sentido técnico jurídico de la palabra), vale decir de personas que apenas perciben un mínimo aporte alimentario de quien fuera el jefe y sostén de una familia, que ahora ha sido quebrada.
Esta injusticia se genera a partir de leyes injustas, y de Tribunales que no tienen más remedio que aplicarlas con un mínimo de congruencia.- En el caso que comentamos, resulta clara y encomiable la intención del Tribunal de paliar los efectos a que nos venimos refiriendo, por más que no coincidamos con la solución adoptada.
La ocasión es buena para reflexionar acerca de los «efectos» del divorcio, al cabo de casi un decenio de vigencia de la ley 23.515.
Mucho se habló de los efectos que la sanción de una ley que admitiera el divorcio vincular, habría de generar.
Ellos son, a nuestro entender, sumamente negativos: los efectos del divorcio sobre el divorcio mismo (la consabida y experimentada frase, de que «el divorcio engendra divorcio», verificada en los hechos), la relación alarmante entre la cantidad de divorcios y los índices de delincuencia juvenil o de drogadicción, las secuelas psicológicas del divorcio en los hijos, la «atomización» de la familia, en suma, como fuente de otros males sociales, no pueden sino preocupar al observador imparcial del tema.
Desde el punto de vista económico, el problema que comentamos tiene también un signo claramente negativo.- Las dificultades de orden material se multiplican al constituirse, amparadas por la ley, nuevas familias que vienen a coexistir con las anteriores. Y no cabe duda de que la ley, al legitimar estas nuevas uniones, fomenta y acelera este proceso.
Todos salen perjudicados de esta multiplicación de obligaciones, tan difíciles de afrontar en concreto: los alimentados, y los alimentantes.
En los países en los que se han llevado a cabo mediciones «sociológicas» de las consecuencias económicas que estamos considerando -Francia, Inglaterra, España o los Estados Unidos-, los resultados son alarmantes, y han llevado a los gobiernos respectivos, a adoptar medidas tendientes a evitar la desintegración social que se produce a partir de la mentalidad divorcista.
El tema podría tratarse en otra oportunidad, con la amplitud que merece. No está demás que quienes auspiciaron y promovieron con entusiasmo la implantación del divorcio vincular en nuestro país, y quienes nos opusimos a ella, nos detengamos a considerar, con serenidad, al cabo de un decenio, las consecuencias que, en concreto, se siguen de dicha ley.
