Autores: Saravia Frías, Bernardo – Mazzinghi, Marcos

Publicado en: Sup. Esp. Reforma al Sistema Previsional 2008 (octubre), 01/10/2008, 73

Cita Online: AR/DOC/2927/2008

Sumario: SUMARIO: I. Introducción. El Proyecto. – II. Las garantías constitucionales en juego. – III. Las falencias jurídicas del Proyecto. – IV. Los efectos no deseados o imprevistos del Proyecto. – V. Las acciones. – VI. Conclusión.

I. Introducción. El Proyecto

El 21 de Octubre pasado, el Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto de ley al Congreso (el “Proyecto”) que tiene por finalidad eliminar el actual Sistema Único de Seguridad Social y reemplazarlo por un único régimen previsional público, al que denomina Sistema Integrado Previsional Argentino.

Actualmente el Sistema Único de Seguridad Social está compuesto por: (i) un régimen previsional público, fundado en el otorgamiento de prestaciones por parte del Estado, y (ii) un régimen previsional basado en la capitalización individual. Bajo este último subsistema, las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (“AFJP”) administran —como su propia denominación sugiere— fondos que no son de su titularidad, sino que pertenecen a sus afiliados. Al respecto y despejando cualquier duda, la Ley 24.241 estipula en su artículo 82 que: “El fondo de jubilaciones y pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de las administradoras y que pertenece a los afiliados. La administradora no tiene derecho de propiedad alguno sobre él. Los bienes y derechos que componen el patrimonio del fondo de jubilaciones y pensiones serán inembargables y estarán sólo destinados a generar las prestaciones de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.”

Cada uno de los afiliados posee una cuenta en la que se depositan mensualmente fondos que deberían conformar los ahorros para su jubilación futura. Esas cuentas y los fondos en ellas contenidas son manejados por las AFJP en base a ciertos parámetros fijados por ley, debiendo rendir cuentas y con un derecho a cobrar una comisión, cuyos porcentajes en muchos casos han sido objeto de justificados cuestionamientos.

El sistema propuesto por el Poder Ejecutivo tiene las siguientes bases:

  1. Se elimina el actual régimen de capitalización, que es absorbido y sustituido por un único régimen de reparto.
  2. El Estado declara que garantiza a los afiliados y beneficiarios la percepción de iguales o mejores prestaciones que las vigentes.
  3. Se dispone la “transferencia en especie” a la Administración Nacional de la Seguridad Social (“Anses”) de los recursos que integran la capitalización individual.
  4. Los nuevos recursos pasarían a formar parte de un Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto, a ser administrado por el Anses, entidad que gozaría de autonomía financiera y económica bajo la supervisión de una Comisión Bicameral que estaría conformada por seis senadores y seis diputados.
  5. Las compensaciones que pudieran corresponder a las AFJP no podrían superar el valor de su capital social y serían pagaderas en títulos públicos.

II. Las garantías constitucionales en juego

El Proyecto violenta derechos constitucionales tanto de los afiliados del sistema de capitalización como de las AFJP. En el primer caso, se vulnera el derecho de propiedad (arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional, “CN”) porque los fondos que se “transferirían en especie” son de su titularidad, por lo que el Estado no podría unilateralmente disponer de los mismos, sin incurrir en una grosera confiscación.

El agravio central reside en que se convierte un depósito en un crédito, en una expectativa de cobro futura a ser pagadera por el Estado Nacional y en una fecha incierta. El derecho de contratar libremente (art. 14 CN) también se vería conculcado, en tanto se estaría reemplazando arbitrariamente la contraparte de un contrato. En base a argumentos vacuos y anodinos como “el desempleo de los últimos catorce años”, la “justicia social”, “convencimientos técnicos y políticos” y el “rol activo del Estado”, los afiliados verían de un día para el otro sus ahorros futuros administrados por un único personaje de sonrisa generosa, sujeto al supuesto control de una comisión legislativa que a juzgar por los antecedentes y cumpliendo la premonición de algún presidente, suelen incumplir con creces sus objetivos primeros. Casi paradójico resulta agregar que hace menos de un año, ante la opción, gran parte de los afiliados de las AJFP eligieron justamente el sistema de capitalización para evitar que sus ahorros fueran administrados por el Estado (art. 14 Ley 26.222 —Adla, LXVII-B, 1422—).

En cuanto a las AFJP los mismos derechos constitucionales antes mencionados estarían en discordia, a lo que habría que agregar el de trabajar y ejercer industria lícita (art. 14 CN). Debe remarcarse que la compensación ofrecida en el proyecto sería a todas luces insuficiente ya que se limitaría al capital social de la sociedad y sería abonada en títulos públicos, bajo un esquema difuso, en el que sólo podrían revender esos papeles en el mercado de manera limitada, sujeta al arbitrio del Anses, que tendría el de ser el primer comprador en todos los casos. Debe remarcarse que por lo mismo que no son propietarios de los fondos que meramente administran, las AFJP tienen un deber fiduciario respecto de los mismos y en relación a sus afiliados, razón por lo que en caso de sancionarse el proyecto enfrentarían un serio dilema: con su pasividad o inacción, podrían enfrentar acciones de responsabilidad de distinta índole por parte de sus afiliados, los que podría empujarlos a interponer reclamos o medidas tendientes a proteger el ahorro de éstos últimos.

III. Las falencias jurídicas del Proyecto

III.1. Ausencia de título. ¿Venta forzada? ¿Expropiación?

Además de resultar violatorio de los derechos constitucionales de los afiliados y las AFJP, el Proyecto no satisface los requisitos jurídicos mínimos para poder ser convertido en una ley válida, llevando ínsita su palmaria inconstitucionalidad.

Uno de los defectos jurídicos de los que adolece el Proyecto radica en que en ninguna parte del mismo se aclara cuál es el título o medio jurídico a través del cual el Estado Nacional se convierte en el nuevo titular de los fondos administrados por las AFJP.

El artículo 1° del Proyecto se limita a sostener que se elimina el actual régimen de capitalización, “que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto”. La eliminación del sistema de capitalización y su absorción y sustitución por parte del régimen de reparto parecen ser la consecuencia de una decisión política, pero lo que se omite es encauzar esta última a través de alguno de los medios jurídicos que nuestro ordenamiento prevé para transferir activos de un sujeto a otro. El Proyecto no aclara si el Estado está adquiriendo los activos administrados por las AFJP, si los está expropiando o cuál es el título que sustenta dicha transferencia.

Por su parte, el artículo 7° del Proyecto prevé que se transfiere en especie a la ANSES los recursos que integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados al régimen de capitalización, sin precisar tampoco si dicha transferencia es a título oneroso, gratuito o cual es el instituto jurídico que le sirve de apoyatura.

El artículo 2602 del Código Civil prevé expresamente que: “La tradición debe ser por título suficiente para transferir el dominio”. No es nuestra intención detenernos en las diferentes teorías existentes en torno a la teoría del título (1), pero no podemos dejar de remarcar que la transmisión del dominio de los activos depositados en las cuentas de capitalización individual a favor del ANSES requiere necesariamente de una causa que la justifique, y que la ausencia de esa causa fulminaría de nulidad esa transmisión.

En este mismo sentido, el artículo 2601 del Código Civil prevé que para que la tradición haga adquirir el dominio de la cosa que se entrega, “debe ser hecha por el propietario”, por lo que en éste caso los únicos habilitados para desprenderse de su derecho de dominio serían los afiliados al sistema de las AFJP, dueños exclusivos de lo depositado en las cuentas de capitalización a tenor de lo dispuesto en el antes transcripto artículo 82 de la Ley 24.241 (Adla, LIII-D, 4135).

Si se sostuviera que el Proyecto impone una especie de venta forzada, debería encuadrarse la misma en alguno de los supuestos expresamente previstos por el artículo 1324 de la Ley Común, en cuanto prevé que “Nadie puede ser obligado a vender, sino cuando se encuentre sometido a una necesidad jurídica de hacerlo…”.

Esta norma autoriza la venta forzada —como una excepción al principio que exige el consentimiento del vendedor para desprenderse del dominio de una cosa— únicamente en los supuestos allí enumerados, entre los que se destaca el que admite la venta forzada:”Cuando hay derecho en el comprador de comprar la cosa por expropiación, por causa de utilidad pública.”

El Proyecto no especifica si el traspaso de los activos administrados por las AFJP debe realizarse a título de expropiación, pero si esta última fuera la vía escogida por el gobierno para confiscar dichos activos, debería como mínimo cumplirse con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Nacional y en la Ley 21.499 (Adla, XXXVII-A, 84).

En este sentido, el artículo 17 de la Carta Magna prevé que “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.”

La Ley 21.499 condiciona la validez de la expropiación a que exista una declaración de utilidad pública (art. 1° y 5°) contenida en una ley y que previamente se indemnice al sujeto expropiado “el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación” (art. 10). La indemnización debe pagarse en dinero en efectivo, “salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor” (art. 12).

El Proyecto no cumple con ningún de los requisitos exigidos por la Ley 21.499 ya que no hay una declaración de utilidad pública, sino simples apelaciones a las ventajas del sistema de reparto y declaraciones de gran pomposidad e impostada gravedad, pero carentes de fundamento para justificar el agravio al derecho de propiedad de los afiliados (2).

Sin la declaración legal de utilidad pública no hay expropiación que pueda prosperar (3). Si esto sólo no bastara para declarar inconstitucional el Proyecto, al mismo resultado se llega al evaluar el mecanismo de compensación con que el Estado Nacional piensa resarcir a las AFJP.

En este sentido el artículo 10 del Proyecto prevé que:

“En ningún caso las compensaciones que pudieran corresponder a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, podrán superar el valor máximo equivalente al capital social de las Administradoras liquidadas de acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación de la presente ley. A esos fines, el Estado Nacional, de corresponder, entregará a los accionistas de dichas entidades, títulos públicos emitidos o a emitirse por la República Argentina, teniéndose en cuenta un cronograma mínimo de enajenación de dichos títulos para evitar afectaciones a la cotización de los mismos, permitiendo, asimismo, que la Administración Nacional de la Seguridad Social tenga derecho prioritario de recompra sobre dichos títulos.”

Como hemos visto, el artículo 10 de la Ley exige que la compensación comprenda “el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, por lo que es absolutamente arbitraria e ilegítima la pretensión del Estado de fijar el valor de la indemnización tomando como parámetro el capital social de las AFJP.

Por otra parte, el capital social de una sociedad puede no guardar relación alguna con su patrimonio (4), por lo que no es razonable calcular la indemnización en función del primero.

Tampoco es legítima la pretensión del Estado de abonar la indemnización mediante la entrega de títulos públicos, ya que el artículo 12 de la Ley 21.499 es contundente en cuanto dispone que la indemnización debe pagarse en dinero en efectivo, salvo conformidad expresa del expropiado. Hay que tener en cuenta que los objetos expropiados serían los activos depositados en la cuentas de capitalización, por lo que la indemnización debería pagarse a cada uno de los afiliados (en la proporción de sus respectivas tenencias) y no a las AFJP, las que en todo caso tendrían derecho a reclamar una indemnización de daños y perjuicios derivados de la eliminación unilateral e intempestiva de un negocio asignado por Ley.

El Estado pretende apropiarse de los activos depositados en las cuentas de capitalización de los afiliados a las AFJP —el 55% de los cuales consiste en títulos públicos emitidos por el propio Estado Nacional y que este último forzó a comprar a las AFJP— y a cambio decide que la única indemnización que se abonará a estas últimas se efectivizará mediante la entrega de títulos públicos, por hasta el valor de su capital social y con restricciones para su venta posterior. Es decir que el Estado estaría confiscando los activos administrados por las AFJP, y pagando una indemnización ridícula con los mismos títulos que fueran objeto de apropiación a través de dicha medida, configurando una suerte de expropiación “apalancada” o leverage buy out expropiatorio. El Estado se apropia de bienes de particulares en abierta contradicción con normas elementales de nuestro ordenamiento jurídico y le paga a un tercero —las AFJP carecen de derecho de propiedad sobre el objeto expropiado— con los propios bienes que le quita.

III. 2 Novación subjetiva por cambio de deudor

Ante la falta de precisión del Proyecto sobre cuál es el título que justifica la transferencia de los activos administrados por las AFJP, cabe seguir indagando sobre los diferentes institutos jurídicos que podrían servir de soporte para dicha transferencia.

Si descartamos la venta forzada y la expropiación por la ausencia evidente de los requisitos a los cuales la Constitución Nacional y la Ley 21.499 condicionan su procedencia, nos queda analizar si la pretensión del Estado no se asemeja al instituto de la novación subjetiva por cambio de deudor (o delegación de deuda), previsto en el artículo 814 del Código Civil.

Este artículo prevé que:

“La delegación por la que un deudor da a otro que se obliga hacia el acreedor, no produce novación, si el acreedor no ha declarado expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo.”

En este caso podría sostenerse que las AFJP serían deudoras de los afiliados al sistema de capitalización, en el sentido de que están obligadas a preservar los activos depositados en las cuentas de dicho sistema, y a entregar una jubilación al afiliado cuando éste último cumpla con los requisitos para tal fin. Si el Estado Nacional pretende asumir dicha deuda y sustituir a las AFJP en la posición que estas últimas ocupaban respecto de los afiliados —el Proyecto habla de sustitución e incluso de subrogación en los derechos y obligaciones de las AFJP (5)— indudablemente se requiere el consentimiento de éstos últimos (acreedores), y ante la ausencia de dicho consentimiento se habrá configurado una delegación imperfecta, lo que en la práctica implica que el acreedor haya sumado un nuevo deudor a las relación obligacional (6).

Lo paradójico e irritante de la cuestión es que no sólo los acreedores no han brindado su consentimiento con dicha delegación, sino que justamente se han pronunciado expresamente en contra de que la misma tenga lugar, habiendo ejercido el derecho de opción previsto por la Ley 26.222, que cuenta con menos de 2 años de antigüedad. En aquel cercano entonces, la abrumadora mayoría (80%) se inclinó por el sistema de capitalización, por lo que el argumento contenido en el Proyecto de que el mismo busca proteger los derechos de los afiliados es absoluta y ostensiblemente falso, lo que debería ser suficiente para fulminar de nulidad al mismo (7).

La finalidad declarada en el Proyecto camufla la intención real de apoderarse de varios millones de pesos, soslayando la voluntad expresa de miles de afiliados que —ejerciendo un derecho emanado de una Ley con menos de 2 años de antigüedad— han decidido confiar su futuro a las AFJP y no a un organismo del Estado Nacional.

III. 3. Carácter sancionatorio de la medida

Como hemos visto el Proyecto no especifica cuál es el título en virtud del cual el Estado pretende ser el nuevo titular de los activos administrados por las AFJP, y la lectura de sus considerandos no aporta mayor claridad ni permite dilucidar cuál es la razón valedera que justificaría tal proceder. En ellos se entremezclan cuestiones que nada tienen que ver con el objeto del Proyecto —tales como el nivel de desempleo y los quiebres al orden institucional— y se omite precisar cuál es el verdadero motivo que justificaría una confiscación de magnitud y gravedad.

Raya en el cinismo que quienes suscriben el Proyecto afirmen que “el sistema de capitalización deja el futuro de los ingresos de nuestros trabajadores y jubilados a merced de los avatares del mercado financiero, es decir sujeto a operaciones de riesgo, tal como se hace más evidente ante la crisis financiera internacional”, ya que parecen haber olvidado que es el propio Estado quien ha forzado a las AFJP a invertir el 55% de los fondos administrados en títulos públicos. No sólo obligaron a realizar ese tipo de inversiones por hasta ese porcentaje, sino que recientemente obligaron a las AFJP a repatriar fondos que tenían colocados en el exterior (8).

La baja rentabilidad obtenida por los fondos administrados por las AFJP durante el último año ha sido invocada también como un argumento, lo que merece algunas reflexiones. Si bien es cierto que las ganancias que generaron los fondos bajo administración de las AFJP fue baja o nula durante éste último año, no lo es menos que el hecho de estar obligadas a invertir el 55% de los fondos en títulos públicos argentinos las condena al fracaso de su cometido, ya que la rentabilidad queda así asociada a la cotización de dichos títulos, la que exhibe niveles paupérrimos, incluso por debajo del valor que el mercado asigna a los títulos que no entraron al canje de deuda instrumentado a través del Decreto 1735/04. Por otro lado, no se puede prescindir del contexto económico y financiero local e internacional, signado por una de las peores crisis de las que se tenga memoria. No se puede exigir a las AFJP que sean rentables en un contexto en el que no perder demasiado dinero es considerado un logro o un objetivo tentador para quienes participan en el mercado de capitales.

Si fuera cierto que la baja rentabilidad es la razón que justifica el Proyecto, los autores de éste último omiten tener en cuenta que la propia Ley 24.241 prevé un mecanismo específico que faculta a la Superintendencia de AFJP a tomar medidas en caso de que aquella circunstancia así lo amerite.

En este sentido, el Art. 70 establece que la Superintendencia “procederá a la liquidación” de una AFJP cuando se verifiquen cualquiera de los supuestos allí enumerados entre los que se encuentra “c) No hubiere cubierto la rentabilidad mínima establecida en el artículo 86 o recompuesto el encaje afectado dentro de los plazos fijados en el artículo 90.”

El Art. 86 define cuál es la rentabilidad que tendrán que tener las AFJP: “Se define como rentabilidad mínima del sistema al setenta por ciento (70 %) de la rentabilidad promedio del sistema, o a la rentabilidad promedio del sistema menos dos (2) puntos porcentuales, de ambas la que fuese menor”.

Por su parte, el Art. 71 establece el procedimiento para la liquidación dando un plazo de 72 horas para que la Superintendencia revoque la autorización de la AFJP lo que implicará la disolución por pérdida del objeto administrado. En ninguna parte de la Ley 24.241 se faculta al Estado a disponer el traspaso de los activos administrados por las AFJP al sistema de reparto.

En virtud de este régimen específico, la Superintendencia debería demostrar que las AFJP no cumplieron con la rentabilidad mínima que les exige el artículo 86 de la Ley 24.241, y en caso de que esto último fuere debidamente acreditado, deberían proceder conforme al procedimiento previsto para esos casos.

Por su parte, los artículos 80, 117 y 118 de la Ley 24.241 facultan a la Superintendencia a controlar las inversiones de las AFJP y a supervisar su rentabilidad.

En lugar de apegarse a lo dispuesto en la Ley 24.241 para los casos en los que se configure una baja de rentabilidad de los activos administrados por las AFJP, el Proyecto pretende pasar por encima de dichos procedimientos y del derecho de defensa en juicio de las AFJP (y de los afiliados al sistema de capitalización) para directamente apropiarse indebidamente de dichos recursos, con una finalidad que no se condice con la declarada en sus considerandos.

IV. Los efectos no deseados o imprevistos del Proyecto

Como muchas de las decisiones adoptadas en los últimos tiempos por el gobierno de turno, las urgencias suelen ponerse en el trono y las consecuencias se mandan sin mayores pruritos al cadalso. Sin perjuicio de los argumentos vertidos en público por muchos funcionarios relacionados con la supuesta protección de los ahorros y de los futuros jubilados, lo cierto es que con el armado del proyecto parece no haberse sopesado debidamente las consecuencias. Más allá de las ideologías, de la pretendida partida de defunción del capitalismo, de la vuelta del Estado intervencionista bajo el prisma de un keynesianismo mal entendido y otros tantos, lo cierto es que las AFJP son las principales inversionistas del mercado de capitales local, y por ello, accionistas importantes de la mayoría de las sociedades que cotizan en la alicaída bolsa local. Constituyen, además, activos inversores en certificados de deuda emitidos por fideicomisos financieros, instrumentos que mal o bien, han contribuido a financiar el intenso consumo de los últimos años, y quizás hoy quiénes pueden evitar o al menos paliar los efectos de una cada vez más posible recesión. De prosperar el proyecto, y como ya se ha podido avizorar en los últimos días, el impacto en el mercado de capitales local puede ser profundamente negativo, dificultando en lo inmediato el acceso de las empresas al crédito por él provisto, y en lo mediato, convirtiendo al Estado en repentino accionista de las sociedades cotizantes. A ello se suma que el dato irrefutable de la globalización determina que los efectos trasciendan las fronteras y terminen impactando en mercados como el español, por ejemplo, dejando en claro que aquella lejos está de ser una ilusión, y que tiene cuestiones positivas y también negativas, como este tipo de decisiones apresuradas tomadas por un lejano gobierno.

Otro tanto ocurre con el sistema financiero. Una parte no menor de los fondos de las AFJP son depositados directamente en plazos fijos en los bancos o indirectamente llegan a ellos a través de fondos comunes de inversión, que depositan a su vez una parte de su liquidez en aquellos instrumentos. Una consecuencia previsible e indeseable del proyecto es que los fondos de los afiliados terminen siendo utilizados directamente para financiar el gasto público o bien para cancelar deuda pública, pauperizando de liquidez al sistema y dejando con las manos vacías a millones de afiliados. Otra es que sean arbitrariamente dirigidos a ciertas entidades financieras, presumiblemente aquellas que son de propiedad estatal o bien cercanas al calor del gobierno, privilegiando, en un acto propio del capitalismo prebendario argentino, este tipo de relación por sobre las tasas ofrecidas, la calidad institucional o el tipo de servicio.

Un efecto no menor es el impacto en el mercado laboral. La abrupta liquidación de las AFJP traería aparejado el desempleo de muchas personas directamente ocupadas por ellas o bien indirectamente, como es el caso de las tesorerías de los bancos, sociedades de bolsa, sociedades de inversión y un profuso etcétera.

V. Las acciones

De prosperar el proyecto, correspondería analizar las acciones que podrían ser interpuestas eventualmente tanto por los afiliados (i.e. amparo, acciones de daños, medidas cautelares), las Asociaciones de Defensa del Consumidor, el Defensor del Pueblo, y las propias AFJP, en virtud del deber fiduciario antes mencionado.

En este sentido, cabría considerar la procedencia de una acción de “expropiación irregular o inversa” por los afiliados al sistema de capitalización, con fundamento en el artículo 51 inciso (c) de la Ley 21.499, que habilita a interponer dicha acción “cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación, que importen una lesión a su derecho de propiedad.”

VI. Conclusión

Luego del fracasado intento de apropiarse de la rentabilidad del sector rural a través de la Resolución N° 125, del frustrado plan para reabrir el canje (pese a la ley cerrojo), de que el prestamista de última instancia cayera en desgracia por el desplome del precio del petróleo (no sin antes cobrarnos la escalofriante tasa de 15% anual en dólares), el gobierno de turno ha resuelto no andarse con rodeos e ir directamente a donde están los fondos que le permitan sostener el gasto público, echando mano a los ahorros de millones de argentinos que expresamente decidieron confiar los mismos a las AFJP, optando por el sistema de capitalización por sobre el sistema estatal de reparto. Está en manos de nuestros legisladores poner freno a este avasallamiento.

 (1) Sobre la cuestión puede verse BUERES Alberto – HIGHTON Elena, “Código Civil y normas complementarias. Análisis Doctrinario y Jurisprudencial”, José Luis Depalma, Editor, Buenos Aires, 1997, Tomo V, pág. 443 y sig.

 (2) En este sentido pueden destacarse de los Considerandos al Proyecto frases tales como: “Esto en el convencimiento del Gobierno Nacional de entender que la situación social se mejora tomando medidas técnicas que promuevan reformas sobre una base humana y moral que tenga en consideración al hombre, la familia, y la sociedad como principales protagonistas a ser protegidos por el Estado como administrador de la Seguridad Social”, o párrafos como “…perfeccionar el sistema contribuye a mejorar la calidad institucional del país, entendiéndose que ningún modelo de crecimiento económico que descuide la Justicia Social puede ser efectivo en el largo plazo.”

 (3) BIDART CAMPOS sostiene que: “Es elemental el principio de que para expropiar se necesita una ley que declare la utilidad pública del bien sujeto a expropiación. No obstante, queremos plantear el interrogante de si excepcionalmente procede una expropiación (o la indemnización expropiatoria) en situaciones en que no hay ley declarativa de utilidad pública. Respondemos que no”. El mismo autor sostiene que “la utilidad pública es la causa y el fin de la expropiación, y quien califica dicha utilidad es el congreso. Que el juicio sobre utilidad pública pertenece al congreso no quiere decir que resulte desprovisto de controles. Sólo el congreso califica, pero como la calificación requiere ineludiblemente la realidad de la “utilidad pública”, el acto no puede ser arbitrario.” BIDART CAMPOS, Germán, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Ediar, Edición ampliada y actualizada a 2000-2001, Tomo I-B, pág. 379 y sig.

 (4) Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho Societario, Parte General, El contrato de sociedad”, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1994, pág. 629 y sig.

 (5) Art. 15 del Proyecto.

 (6) ALTERINI, Atilio – AMEAL José – LÓPEZ CABANA Roberto, “Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales”, Segunda Edición Actualizada, Abeledo Perrot, 2001, pág. 581. BUERES y HIGHTON sostienen que “para que haya novación en el supuesto en estudio es indispensable que el acreedor declare expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo. Ante la falta de una manifestación clara del acreedor de desobligar a su deudor originario, la delegación no es novatoria sino imperfecta o acumulativa. En éste último caso el acreedor tendrá en lo sucesivo dos deudores: el originario y el nuevo. Op. Cit. Tomo 2B, pág. 231.

 (7) El inciso (f) del artículo 7° de la Ley 19.549 prevé como requisito esencial del acto administrativo al siguiente: “habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.”

 (8) “Resolución Conjunta N°10/07, 517/07 y 209/07 Un nuevo embate al ahorro de los argentinos”. Publicado en La Ley Actualidad, 30 de Octubre de 2007.